Abogado de Delitos Económicos en Barcelona

En sentido amplio, los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Incluye la estafa, la apropiación indebida, la administración desleal, las insolvencias punibles, los delitos societarios, el blanqueo de capitales y el delito fiscal, y también delitos patrimoniales comunes como el hurto o el robo.

Solo si los hechos encajan en un delito concreto: un engaño previo al negocio (estafa), quedarse con dinero que debía devolverse (apropiación indebida) o una gestión que perjudica el patrimonio administrado (administración desleal). El simple impago o el incumplimiento de un contrato es un asunto civil, y si la querella solo encubre una reclamación de deuda, la defensa puede pedir el archivo.

En la apropiación indebida (art. 253 CP) el autor hace suyos el dinero o los bienes que recibió con la obligación de entregarlos o devolverlos. En la administración desleal (art. 252 CP) no hay apropiación: quien gestiona un patrimonio ajeno se excede en sus facultades y le causa un perjuicio. Ambas se castigan con las penas de la estafa (arts. 248 y 250 CP).

Es ocultar los propios bienes o desprenderse de ellos en perjuicio de los acreedores, o realizar actos que dificulten o impidan un embargo o un procedimiento de ejecución ya iniciado o previsible. En su modalidad básica se castiga con prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses (art. 257 CP). La defensa suele centrarse en si el deudor conservaba bienes suficientes y en la finalidad real de cada operación.

Por regla general no extingue la responsabilidad penal, salvo supuestos específicos como la regularización fiscal. Pero reparar el daño antes del juicio oral es una atenuante (art. 21.5 CP) que, si es muy cualificada, permite rebajar la pena en uno o dos grados, y facilita la suspensión de la pena de prisión, que exige reparar el daño o comprometerse a hacerlo según la capacidad económica.

Sí, pero solo por los delitos en que la ley lo prevé expresamente, como la estafa, el alzamiento de bienes, las insolvencias punibles, el blanqueo o los delitos contra la Hacienda Pública; no, en cambio, por la apropiación indebida, la administración desleal o los delitos societarios. La empresa responde cuando esos delitos los cometen en su beneficio sus representantes o directivos, o sus empleados porque se incumplió gravemente el deber de controlarlos (art. 31 bis CP). Un programa de cumplimiento normativo eficaz, adoptado antes del delito, puede eximir o atenuar esa responsabilidad.

Sí. Si hay indicios contra usted, el juez puede exigirle una fianza para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias (indemnización, multa y costas) y, si no la presta, embargar bienes suficientes (arts. 589 y siguientes de la LECrim). La fianza no puede ser inferior a lo que probablemente haya que pagar más un tercio, y la defensa puede recurrirla si es excesiva o pedir que se preste con otras garantías, como un aval bancario.

Depende de la pena máxima prevista: a los cinco años si no supera los cinco años de prisión, como en la estafa o la apropiación indebida básicas, y a los diez si la supera, como en sus modalidades agravadas. Los delitos leves prescriben al año. El plazo se cuenta desde los hechos o, si son continuados, desde el último, y se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra usted.

Si le engañaron para que entregara el dinero, el hecho puede ser penal. Con la denuncia basta con poner los hechos en conocimiento de la policía o del juzgado, y podrá personarse después; con la querella, firmada por abogado y procurador (art. 277 LECrim), actúa desde el inicio como acusación particular y propone diligencias. Si solo hay un impago o un incumplimiento de contrato, la vía adecuada es la demanda civil, porque una querella sin base penal suele acabar archivada.

Es la gran dificultad de estas causas, y por eso conviene actuar pronto: pedir desde el inicio la fianza y el embargo de bienes y cuentas, y rastrear las transferencias. Quien haya recibido gratuitamente parte del dinero sin participar en el delito debe restituirlo hasta la cuantía de lo que recibió (art. 122 CP), y la empresa cuyos empleados o representantes cometieron el fraude en el ejercicio de sus funciones puede responder civilmente (arts. 116.3 y 120.4 CP). Además, lo decomisado puede destinarse a indemnizar a las víctimas (art. 127 octies CP).