Abogado de Blanqueo de Capitales en Barcelona

El blanqueo doloso del artículo 301.1 se castiga con prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes, y el juez puede imponer además inhabilitación profesional de uno a tres años (obligatoria y de tres a diez años si lo comete, en su actividad, un empresario u otro profesional del artículo 303). La pena se impone en su mitad superior si los bienes proceden del tráfico de drogas o de otros delitos que enumera la ley, como la trata, la corrupción en los negocios o determinados delitos contra la Administración pública. Por imprudencia grave, la pena es de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo.

No. Los tribunales no exigen una sentencia previa sobre el delito de origen: basta con que la acusación acredite que los bienes proceden de una actividad delictiva, aunque sea de forma genérica. Suele hacerlo mediante indicios, como un incremento patrimonial injustificado, operaciones sin lógica económica o la relación con personas vinculadas a esa actividad. Por eso es esencial documentar el origen lícito de los fondos.

Sí. Desde la reforma de 2010, el artículo 301.1 castiga también el autoblanqueo, es decir, el que realiza el propio autor del delito de origen. No obstante, la jurisprudencia viene exigiendo que la conducta tenga aptitud para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes: el simple uso o disfrute de las ganancias no basta, por sí solo, para condenar por blanqueo.

Es la situación típica del llamado mulero bancario: personas captadas con falsas ofertas de empleo o contactos en línea para recibir dinero de víctimas de fraudes y reenviarlo. Según lo que supiera o debiera haber sospechado, se le puede acusar de participar en la estafa, de blanqueo doloso o de blanqueo por imprudencia grave. Conserve todos los mensajes y la oferta recibida: son clave para su defensa.

La Ley 10/2010 obliga a los bancos a aplicar medidas de diligencia debida y a comunicar las operaciones sospechosas al SEPBLAC, por lo que pueden pedirle documentación y, si no la obtienen, restringir operaciones o cancelar la relación. Si el bloqueo lo ha acordado un juzgado, es una medida cautelar que puede recurrirse. En ambos casos conviene aportar la documentación con asesoramiento previo.

Si no lo sabía ni lo consideró probable, no hay blanqueo doloso. Pero el artículo 301.3 castiga también el blanqueo por imprudencia grave, cuando se ignoran señales evidentes de un origen ilícito que cualquier persona en su situación habría advertido. Además, los tribunales pueden considerar probado el conocimiento a partir de indicios, por lo que la defensa debe explicar de forma creíble y documentada cada operación.

Sí. Las personas jurídicas pueden responder penalmente por blanqueo (art. 302.2 CP) cuando el delito lo cometen en su beneficio sus administradores o empleados, en los términos del artículo 31 bis. Se les imponen penas de multa y, en su caso, otras como la suspensión de actividades. Un modelo de prevención de delitos (compliance) adecuado puede eximir o atenuar esa responsabilidad.

Con carácter general, el blanqueo doloso del artículo 301.1 prescribe a los diez años, porque su pena máxima supera los cinco; el blanqueo por imprudencia grave, a los cinco años. El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra la persona investigada, por lo que conviene analizar la fecha de cada operación investigada.

Puede intentarlo dentro del proceso penal, y conviene actuar rápido. Como acusación particular puede pedir que se requiera a los bancos la trazabilidad de las transferencias y que se embarguen saldos y bienes de quienes recibieron su dinero (art. 127 octies CP y arts. 589 y ss. LECrim). El titular de la cuenta puede ser condenado a devolverlo, quien se lucró sin participar debe restituir hasta lo que recibió (art. 122 CP) y lo decomisado se destina antes a indemnizar a las víctimas que al Estado.

La investigación la dirige el juzgado, con la policía y la Fiscalía, que pueden recabar información bancaria y seguir el dinero de cuenta en cuenta. Además, los bancos y demás sujetos obligados deben comunicar al SEPBLAC las operaciones sospechosas (art. 18 Ley 10/2010), y este remite informes de inteligencia financiera a la Fiscalía, la policía o el juzgado, aunque no tienen valor de prueba (art. 46). Si se persona en la causa, puede proponer diligencias para acelerar el rastreo.