Abogado de Tráfico de Drogas en Barcelona

No hay una cifra fijada en la ley. Los tribunales valoran la cantidad en relación con el consumo habitual de la persona y la ponen en relación con otros indicios: pureza, droga dividida en dosis, dinero fraccionado, básculas, anotaciones o mensajes. Ninguna cantidad garantiza por sí sola que no se aprecie tráfico, ni lo prueba automáticamente.

El cultivo para el propio consumo no es delito, pero sí lo es si la producción se destina, aunque sea en parte, a terceros (art. 368 CP). Para valorarlo se atiende al número de plantas, a su rendimiento, a los medios de cultivo y a otros indicios de venta. Aunque no sea delito, si las plantas están a la vista del público puede haber una infracción administrativa grave (art. 36.18 LO 4/2015).

No hay una ley que los ampare: en 2018 el Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que regulaba las asociaciones de consumidores de cannabis. El Tribunal Supremo considera que el cultivo y la distribución organizados entre un número elevado o abierto de socios exceden del consumo compartido y pueden ser delito. Cada asociación debe analizarse según su funcionamiento real.

Es una agravante del artículo 369 que eleva la pena en un grado. Según el criterio del Tribunal Supremo, se aprecia a partir de 500 dosis de consumo diario: por ejemplo, 750 gramos de cocaína pura, 2,5 kilos de hachís o 10 kilos de marihuana. En la cocaína y otras drogas se calcula sobre la sustancia pura, por eso es esencial conocer la pureza real de lo intervenido.

Sí, si el registro se hizo sin autorización judicial motivada, sin consentimiento válido y fuera de un caso de delito flagrante, o si la intervención telefónica no respetó los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (art. 588 bis a LECrim). Las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales no pueden utilizarse (art. 11 LOPJ).

Puede reducirla. La adicción grave puede apreciarse como atenuante o como eximente incompleta, y si ha completado con éxito un tratamiento de deshabituación cabe rebajar la pena en uno o dos grados, salvo notoria importancia o extrema gravedad (art. 376 CP). Además, quien delinquió a causa de su drogodependencia puede obtener la suspensión de penas de hasta cinco años si está deshabituado o en tratamiento (art. 80.5 CP).

Puede ocurrir con sustancias que no causan grave daño, como el hachís o la marihuana, castigadas con hasta tres años de prisión (art. 795 LECrim). El tráfico de cocaína u otras sustancias de grave daño, con penas de hasta seis años, queda fuera del juicio rápido y se tramita por procedimiento abreviado o, en los casos más graves, por sumario.

Sí, en determinados casos. Se decomisan la droga, los instrumentos utilizados, como vehículos o teléfonos, y las ganancias del delito, y en el tráfico de drogas cabe el decomiso ampliado de bienes que, según indicios objetivos fundados, provengan de una actividad delictiva y cuyo origen lícito no se acredite (arts. 127 bis y 374 CP). Si el patrimonio procede del tráfico, puede investigarse además un delito de blanqueo de capitales.

Al ser un delito contra la salud pública, acusa el Ministerio Fiscal de oficio (art. 105 LECrim); en las causas de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Especial Antidroga (art. 19 EOMF). Su prueba suele ser el atestado, las vigilancias, el análisis oficial de la sustancia y, a veces, escuchas o entregas vigiladas. También puede personarse una acusación popular, con querella y fianza. Lo decomisado se adjudica al Estado y nutre un fondo contra el narcotráfico y las adicciones (art. 374 CP y Ley 17/2003).

Pueden denunciarlo ante los Mossos d'Esquadra o el juzgado, aportando horarios, visitas e incidentes. Si declarar les supone un peligro grave, el juez puede proteger su identidad y su domicilio (LO 19/1994), aunque las partes pueden pedir conocer su nombre antes del juicio. Además, la comunidad puede requerir que cese la actividad y, si continúa, ejercer la acción de cesación del artículo 553-40 del Código civil de Cataluña, con medidas cautelares, indemnización y privación del uso hasta dos años.