Abogado de Prisión Provisional en Barcelona

Por regla general, cuando el delito investigado tiene una pena máxima igual o superior a dos años de prisión (o inferior, si hay antecedentes por delito doloso no cancelados ni cancelables), existen motivos bastantes para creer responsable al investigado y la medida persigue un fin legítimo: evitar la fuga, la destrucción de pruebas, un ataque a la víctima o la reiteración delictiva (art. 503 LECrim). El límite de dos años no rige en algunos supuestos, como la protección de víctimas de violencia doméstica o de género. Además, solo procede si no bastan medidas menos gravosas (art. 502 LECrim).

El juez oye al fiscal, a las acusaciones y a la defensa, que puede formular alegaciones y proponer pruebas que se practiquen en el acto o dentro de las 72 horas. La prisión solo puede acordarse si la pide el fiscal o alguna acusación, y el juez debe resolver por auto motivado. Es el momento clave para acreditar el arraigo.

Lo imprescindible y, como máximo, un año si el delito tiene pena de hasta tres años, prorrogable hasta seis meses, o dos años si la pena es superior, prorrogable hasta dos más. Si se acordó para proteger las pruebas, no puede superar seis meses. Con sentencia condenatoria recurrida, puede prorrogarse hasta la mitad de la pena impuesta (art. 504 LECrim).

La libertad provisional con o sin fianza, con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, la retirada del pasaporte y, cuando hay una víctima que proteger, medidas de alejamiento. Si por enfermedad el internamiento supone un grave peligro para la salud, cabe la prisión atenuada en el domicilio (art. 508 LECrim).

Mediante recurso de reforma ante el propio juez y de apelación ante la Audiencia Provincial, que tiene tramitación preferente y debe resolverse en un máximo de treinta días (art. 507 LECrim). Además, la situación personal puede revisarse durante toda la causa: si cambian las circunstancias, puede pedirse de nuevo la libertad (art. 539 LECrim).

Sí. El tiempo de prisión provisional se abona en su totalidad para cumplir la pena impuesta en la misma causa, salvo el periodo que coincida con otra privación de libertad abonada o abonable en otra causa (art. 58 CP). También puede abonarse la prisión provisional sufrida en otra causa si es posterior a los hechos de la condena, y las medidas cautelares de distinta naturaleza pueden compensarse en la parte que el juez estime (art. 59 CP).

El tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, como máximo, setenta y dos horas, tras las cuales debe quedar en libertad o a disposición judicial (art. 17.2 de la Constitución y art. 520 LECrim). Solo en casos de terrorismo, bandas armadas o rebelión la ley permite prorrogar la detención excepcionalmente hasta 48 horas más, con autorización judicial (art. 520 bis LECrim).

Es un procedimiento urgente para que el juez de instrucción compruebe la legalidad de una detención: falta de causa legal, exceso de plazo o vulneración de los derechos del detenido (LO 6/1984). Pueden pedirlo el propio detenido, su cónyuge o pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y su abogado, además del fiscal y el Defensor del Pueblo, sin que sea preceptivo abogado ni procurador; si el juez admite la solicitud, resuelve en 24 horas.

Sí, si se persona como acusación particular. En la comparecencia del artículo 505 LECrim, el fiscal y las acusaciones pueden pedir la prisión o la libertad con fianza; si nadie las pide, el juez debe acordar la libertad. Cuando el fin es protegerle y es víctima de violencia doméstica o de género, la prisión puede acordarse aunque el delito tenga una pena inferior a dos años (art. 503 LECrim).

Sí. Desde la reforma de 2022, el Estatuto de la víctima obliga a notificarle, sin necesidad de pedirlo, las resoluciones que acuerdan la prisión o la posterior puesta en libertad del investigado y su posible fuga, salvo que manifieste que no desea recibirlas (art. 7 Ley 4/2015); conviene facilitar al juzgado un correo electrónico. Y si tiene una orden de protección, debe informársele en todo momento de la situación penitenciaria del investigado (art. 544 ter LECrim).