Abogado de Delitos Informáticos en Barcelona

Si lo hace sin su consentimiento, por regla general sí. Acceder sin autorización a un sistema vulnerando sus medidas de seguridad es delito del artículo 197 bis, con prisión de seis meses a dos años, y apoderarse de sus mensajes para descubrir su intimidad puede ser delito del artículo 197.1, con prisión de uno a cuatro años y multa. Que se trate de la pareja o que se conozca la contraseña no lo justifica.

Difundir sin autorización imágenes íntimas obtenidas con consentimiento, cuando se menoscaba gravemente la intimidad, se castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses (art. 197.7). La pena se impone en su mitad superior si el autor es la pareja o expareja, si la víctima es menor o si hay ánimo de lucro, entre otros supuestos, y quien las reenvía tras recibirlas puede ser castigado con multa.

No. Como investigado, no tiene obligación de facilitar sus contraseñas: la ley impone un deber de colaboración a terceros que conozcan el sistema, pero excluye expresamente al investigado (art. 588 sexies c LECrim). Negarse no es, por sí solo, un delito de desobediencia, aunque el juez puede autorizar que se intente acceder al dispositivo por medios técnicos.

No necesariamente. La IP identifica una conexión, normalmente la del titular de la línea, pero no prueba por sí sola quién estaba usando el dispositivo. Para obtener la identidad del titular, la policía necesita autorización judicial (art. 588 ter k LECrim), y la defensa puede discutir el uso compartido de la red, el acceso de terceros o errores en la asignación.

Como regla general, no, salvo que usted lo consienta: el acceso al contenido de dispositivos requiere autorización judicial motivada. Solo en casos de urgencia la policía puede examinarlos directamente, comunicándolo al juez en un máximo de 24 horas para que lo confirme o lo revoque. Un acceso sin estas garantías puede invalidar la prueba obtenida.

Puede serlo. Usar su imagen para abrir perfiles falsos que le causen acoso, hostigamiento o humillación es delito del artículo 172 ter.5, con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Si el suplantador se hace pasar por usted para ejercer sus derechos, puede haber usurpación del estado civil (art. 401), y si lo hace para engañar a terceros y obtener dinero, estafa.

Sí, si el contacto es insistente y reiterado y altera el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima: es el delito de acoso del artículo 172 ter, castigado con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses. Solo se persigue con denuncia de la víctima o de su representante legal, salvo que sea la pareja, la expareja o un familiar de los previstos en el artículo 173.2. Los mensajes también pueden constituir amenazas, coacciones o injurias.

Puede serlo. Borrar, dañar o hacer inaccesibles datos, programas o documentos electrónicos ajenos, sin autorización y de manera grave, con un resultado grave, es delito de daños informáticos (art. 264), castigado con prisión de seis meses a tres años. La defensa suele centrarse en la titularidad de los datos, la autorización con la que se actuó y la gravedad real del daño.

Si usted no autorizó la operación, el banco debe devolverle el importe de inmediato y, como tarde, al final del día hábil siguiente a su aviso, salvo sospecha razonable de fraude comunicada al Banco de España (art. 45 RDL 19/2018). Usted solo responde de hasta 50 euros en ciertos casos, o de todo si el banco prueba fraude o negligencia grave suya, por ejemplo en la custodia de sus claves (arts. 44 y 46). Avise sin demora: el plazo máximo es de trece meses desde el cargo (art. 43).

Sí. Puede denunciar contra autor desconocido y aportar todo lo que tenga: capturas, enlaces, correos y movimientos bancarios. Identificarlo corresponde a la investigación: con autorización judicial, la policía puede obtener de los operadores los datos del titular de una dirección IP (art. 588 ter k LECrim), y el fiscal o la policía pueden exigir a las plataformas que conserven los datos hasta 90 días, prorrogables una vez hasta 180 (art. 588 octies LECrim). Por eso conviene denunciar cuanto antes.