Abogado de Delitos contra las Personas en Barcelona

En las amenazas se anuncia un mal futuro para intimidar a la víctima; en las coacciones se impide a alguien con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o se le obliga a hacer lo que no quiere. La amenaza actúa sobre el miedo a lo que puede pasar y la coacción, sobre la libertad de actuar en ese momento. Ambas pueden darse en unos mismos hechos.

Sí. Las amenazas pueden cometerse por cualquier medio, también por mensajes, audios o redes sociales. El juez valora la seriedad del mal anunciado, su verosimilitud y el contexto en que se envió. Si la defensa discute la autenticidad de una captura de pantalla, puede ser necesaria una pericial informática que acredite el origen y la integridad de la conversación.

Es el delito del artículo 172 ter del Código Penal: vigilar, perseguir, buscar la cercanía física o intentar contactar con una persona, entre otras conductas, de forma insistente y reiterada, sin estar legítimamente autorizado, alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana. Un contacto aislado no basta: se exige una conducta repetida que afecte realmente a la vida diaria de la víctima.

Sí. La policía puede detener a una persona cuando hay indicios racionales de que ha cometido un delito (no, por regla general, si es solo un delito leve), y en agresiones o violencia de género es frecuente que lo haga tras la denuncia. La detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, como máximo, 72 horas, antes de quedar en libertad o pasar a disposición judicial.

Depende del delito. Fuera del ámbito familiar, las lesiones leves, el maltrato de obra sin lesión y las amenazas o coacciones leves solo se persiguen con denuncia del agraviado, y su perdón extingue la responsabilidad penal, salvo que la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. En el resto, como las lesiones del artículo 147.1 o la violencia de género, el procedimiento continúa aunque la víctima quiera retirarse.

La legítima defensa del artículo 20.4 del Código Penal exime de responsabilidad si hubo una agresión ilegítima previa, el medio empleado para repelerla fue racionalmente necesario y no hubo provocación suficiente por su parte. Si falta alguno de los requisitos no esenciales, puede apreciarse como eximente incompleta, que rebaja la pena en uno o dos grados.

Sí. Toda condena firme por delito se inscribe en el Registro Central de Penados, también cuando la pena queda suspendida. Los antecedentes se cancelan tras un plazo sin volver a delinquir que depende de la pena impuesta: desde seis meses para las penas leves hasta diez años para las graves.

En muchos casos sí. Si es su primer delito, la pena no supera los dos años de prisión y ha pagado o se compromete a pagar la indemnización, el juez puede suspender la pena durante un plazo de dos a cinco años, condicionada a que no vuelva a delinquir. En violencia de género, la suspensión lleva siempre aparejadas determinadas prohibiciones y deberes.

Sí. En las causas por lesiones, amenazas, coacciones, acoso u homicidio, el juez puede prohibir cautelarmente al investigado acercarse o comunicarse con usted, o residir o acudir a determinados lugares, si es necesario para su protección (art. 544 bis LECrim). Si el agresor es su pareja, expareja o un familiar, puede pedir además una orden de protección, que el juez resuelve tras una audiencia urgente (art. 544 ter). Incumplir estas medidas es un delito de quebrantamiento (art. 468 CP) y puede llevar a la prisión provisional.

La responsabilidad civil derivada del delito comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales (art. 110 CP): gastos médicos y de tratamiento psicológico, días de curación, secuelas, ingresos perdidos y daño moral. Se reclama en el propio procedimiento penal, salvo que renuncie a ella o se la reserve para la vía civil (art. 112 LECrim). Como acusación particular, usted cuantifica y prueba sus daños con informes médicos y psicológicos y con facturas.