Abogado de Homicidio en Barcelona

El asesinato exige que la muerte se cause con alevosía, por precio, recompensa o promesa, con ensañamiento, o para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Sin ninguna de esas circunstancias, los hechos son homicidio del artículo 138, castigado con prisión de diez a quince años, frente a los quince a veinticinco del asesinato.

Es la pena más grave del Código Penal. En el asesinato se impone cuando la víctima es menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, cuando el hecho sigue a un delito contra la libertad sexual sobre la víctima, cuando lo comete un miembro de un grupo u organización criminal o cuando el autor es condenado por la muerte de más de dos personas. Se revisa tras un periodo mínimo de cumplimiento.

El homicidio y el asesinato consumados se juzgan por el Tribunal del Jurado, formado por nueve ciudadanos y un magistrado de la Audiencia Provincial que lo preside. El jurado decide qué hechos se consideran probados y si el acusado es culpable, y el magistrado dicta la sentencia e impone la pena. La sentencia puede recurrirse en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

No. La ley reserva al jurado el homicidio consumado, de modo que la tentativa la juzga la Audiencia Provincial con magistrados profesionales. La pena es la del delito consumado rebajada en uno o dos grados, según el peligro inherente al intento y el grado de ejecución alcanzado. Si el autor desistió voluntariamente y evitó la muerte, queda exento de responsabilidad por la tentativa, aunque responde de las lesiones causadas.

La intención. Si el autor quería matar, o aceptó que su acción podía causar la muerte, es tentativa de homicidio; si solo quería lesionar, es un delito de lesiones. Como la intención no se ve, los tribunales la deducen de datos como el arma empleada, la zona del cuerpo atacada, el número y la fuerza de los golpes o lo que se dijo y se hizo antes y después.

Es habitual que la acusación la pida, porque la pena prevista es grave y el riesgo de fuga se valora teniendo en cuenta esa gravedad. El juez debe decidirla en una comparecencia con abogado, en la que pueden proponerse alternativas como la libertad con fianza, las comparecencias periódicas o la retirada del pasaporte. Si se acuerda, puede recurrirse y su duración tiene límites legales.

Si la muerte se causa sin intención, por imprudencia, es homicidio imprudente del artículo 142: prisión de uno a cuatro años si la imprudencia es grave, y multa de tres a dieciocho meses si es menos grave. Si se conducía un vehículo a motor o un ciclomotor, se impone además, en ambos casos, la privación del permiso de conducir. La imprudencia leve no es delito.

Si concurren los requisitos de la legítima defensa del artículo 20.4 (agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado y falta de provocación suficiente), no hay responsabilidad penal. Si falta alguno de los requisitos no esenciales, la eximente incompleta obliga a rebajar la pena en uno o dos grados. La agresión ilegítima previa es imprescindible en ambos casos.

Sí. En caso de muerte, pueden ejercer la acusación el cónyuge o la pareja, los hijos, los progenitores y otros parientes, en el orden que fija el artículo 109 bis LECrim. Que uno de ellos se persone no impide que lo hagan los demás, aunque el juez puede agruparlos en una o varias representaciones si lo exige el buen orden del proceso. Y aunque no se personen, como víctimas indirectas tienen derecho a ser informados y a recurrir el archivo de la causa (arts. 2 y 12 de la Ley 4/2015).

La sentencia fija la indemnización del daño moral y de los perjuicios económicos sufridos por los familiares (art. 113 CP), y para asegurar el pago la acusación puede pedir fianzas y embargos (art. 589 LECrim). El cónyuge o la pareja y los hijos que dependían económicamente de la víctima (y, a falta de ellos, los padres que dependían de ella) pueden pedir las ayudas de la Ley 35/1995, en los términos de su artículo 2: no se cobran junto con la indemnización, salvo insolvencia del condenado, y caben ayudas provisionales si la familia queda en situación precaria.