Abogado de Falsedad Documental en Barcelona

Son públicos, entre otros, los autorizados por notario y los judiciales; oficiales, los expedidos por las Administraciones públicas; mercantiles, los propios del tráfico comercial, como facturas, cheques o pagarés, y privados, el resto, como un contrato entre particulares. La distinción es decisiva: falsificar un documento privado solo es delito si se hace para perjudicar a otro, y su pena es menor.

Depende de quién lo haga. Faltar a la verdad en la narración de los hechos, la llamada falsedad ideológica, solo se castiga en general cuando la comete una autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones. Al particular se le castiga por alterar el documento, simularlo o atribuir intervenciones falsas, aunque la jurisprudencia incluye aquí los documentos íntegramente simulados, como una factura por una operación inexistente.

El uso a sabiendas de un documento de identidad falso se castiga con prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses (art. 392.2 CP), y traficar con él, con la misma pena que la falsificación. Usar el documento auténtico de otra persona sin estar legitimado para ello se equipara al uso de un documento falso (art. 400 bis CP).

Normalmente mediante una pericial caligráfica, que compara la firma discutida con firmas indubitadas de la persona, y, si hace falta, una pericial documentoscópica sobre el soporte, la impresión o posibles manipulaciones. La defensa puede aportar su propio perito y pedir que el informe de la acusación se someta a contradicción en el juicio.

La acusación suele incluir ambos delitos. Cuando la falsedad es el medio necesario para cometer la estafa, se aplica la regla del concurso medial (art. 77.3 CP): una pena superior a la del delito más grave, sin exceder la suma de las que corresponderían por separado. Si el documento es privado, la jurisprudencia suele castigar solo uno de los dos delitos, porque el perjuicio es el mismo.

Tener tarjetas falsificadas destinadas a su distribución o tráfico se castiga con la misma pena que la falsificación, de cuatro a ocho años de prisión (art. 399 bis.2 CP). Poseerlas a sabiendas de su falsedad para utilizarlas de forma fraudulenta, sin destinarlas al tráfico, se castiga con prisión de uno a dos años (art. 399 bis.4), y usarlas en perjuicio de otro sin haber participado en la falsificación, con prisión de dos a cinco años (art. 399 bis.3). Por eso es clave acreditar el destino real de las tarjetas.

Puede serlo. La usurpación del estado civil (art. 401 CP) se castiga con prisión de seis meses a tres años, aunque la jurisprudencia exige hacerse pasar por otro para ejercer sus derechos o facultades, no un uso puntual de su nombre. Según el caso, la suplantación también puede encajar en otros delitos, como la estafa o el acoso mediante perfiles falsos del artículo 172 ter.5.

La falsedad cometida por un particular en documento público, oficial o mercantil (art. 392) y la falsedad en documento privado (art. 395) prescriben a los cinco años, porque sus penas máximas no superan los cinco años de prisión. La falsificación de tarjetas, castigada con hasta ocho años, prescribe a los diez. El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el investigado.

Puede querellarse por falsedad en documento privado, que es delito cuando se falsifica para perjudicar a otro (art. 395 CP), y también contra quien lo use a sabiendas en juicio o para perjudicarle (art. 396). La pericial caligráfica comparará la firma con otras suyas indubitadas. Si el documento ya se ha presentado contra usted en un pleito civil, impugne su autenticidad (art. 326 LEC): la causa penal por su falsedad puede suspender ese pleito (art. 40.4 LEC), y la sentencia penal puede anular el documento.

Puede pedirse la revisión de la sentencia firme, que procede cuando se dictó en virtud de documentos declarados falsos en un proceso penal, aunque la falsedad se declare después (art. 510.1.2º LEC). Por eso conviene querellarse cuanto antes por la falsedad. Una vez declarada, la revisión debe pedirse en los tres meses siguientes y nunca después de cinco años desde la publicación de la sentencia civil (art. 512 LEC).