Abogado de Delitos Sexuales en Barcelona

No. Desde la LO 10/2022, en vigor desde el 7 de octubre de 2022, el abuso sexual dejó de ser un delito autónomo: todo acto sexual sin consentimiento es agresión sexual (art. 178 CP). Después, la LO 4/2023 recuperó penas más altas cuando hay violencia, intimidación o la víctima tiene anulada su voluntad. Para hechos anteriores se aplica la regulación más favorable al acusado.

Sí, puede ocurrir. El Tribunal Supremo admite que la declaración de la víctima sea prueba de cargo suficiente si es creíble (sin motivos espurios como el resentimiento o la venganza), verosímil (apoyada en corroboraciones periféricas) y persistente en lo esencial. La defensa debe analizar con rigor cada uno de esos criterios y las posibles contradicciones del relato.

Dieciséis años. Los actos sexuales con menores de 16 años son delito aunque el menor consienta (art. 181 CP), salvo que su consentimiento sea libre, el autor sea una persona próxima a él por edad y grado de desarrollo o madurez y no concurra violencia, intimidación, abuso de superioridad o de vulnerabilidad ni otra circunstancia del art. 178.2 (art. 183 bis CP).

En los delitos sexuales el perdón de la persona ofendida no extingue la acción penal (art. 191 CP). Una vez iniciado el procedimiento, el Ministerio Fiscal puede mantener la acusación aunque la denunciante quiera retirarse, si bien su nueva postura puede influir en la valoración de la prueba. Intentar influir en ella con violencia o intimidación es, además, un delito de obstrucción a la justicia (art. 464 CP).

Depende de la pena máxima prevista: entre cinco y veinte años (art. 131 CP). Si la víctima era menor de edad, el plazo no empieza a contar hasta que cumple 35 años (art. 132 CP, tras la LO 8/2021). En hechos anteriores a esa reforma se aplican las reglas vigentes cuando ocurrieron, salvo que las posteriores sean más favorables.

Sí. Durante la instrucción el juez puede prohibirle cautelarmente aproximarse o comunicarse con la denunciante (art. 544 bis LECrim), incluso con control telemático en los delitos contra la libertad sexual, y en los casos más graves acordar la prisión provisional. Estas medidas deben ser proporcionadas a los indicios y pueden recurrirse.

Además de la pena principal, la sentencia impone siempre una inhabilitación especial para cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores (art. 192.3 CP) y, si hay prisión, normalmente una medida de libertad vigilada posterior (art. 192.1 CP). La condena se inscribe también en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.

Tiene derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a entrevistarse antes en privado con su abogado. En algunos casos conviene ofrecer pronto una versión coherente; en otros, esperar a conocer la denuncia y la prueba. Es una decisión estratégica que debe tomarse con su abogado, nunca improvisarse en comisaría.

No necesariamente. Puede pedir medidas que eviten el contacto visual con el acusado, declarar por videoconferencia sin estar en la sala o que el juicio se celebre sin público, y que no se le hagan preguntas sobre su vida privada sin relación con los hechos (art. 25 Ley 4/2015). Si la víctima es menor de 14 años, declara como prueba preconstituida grabada y, salvo excepciones, no vuelve a hacerlo en el juicio (arts. 449 ter y 703 bis LECrim).

Si es mujer o menor de edad, no: tiene derecho a asistencia jurídica gratuita, con abogado y procurador, sin acreditar falta de recursos (art. 2.h Ley 1/1996); en los demás casos, en general, depende de sus ingresos. La condición de víctima se adquiere con la denuncia o la querella, y si el proceso acaba en absolución firme o en sobreseimiento firme por no acreditarse los hechos, pierde ese derecho sin tener que devolver lo ya prestado. También puede elegir libremente un abogado de su confianza.