Abogado de Delitos Societarios en Barcelona

Depende del delito. La falsedad en cuentas, la negación de derechos al socio y la obstrucción a la inspección solo pueden cometerlas, como autores, los administradores de hecho o de derecho. Los acuerdos abusivos los comete quien se prevale de su mayoría en la junta o en el órgano de administración, y los de mayoría ficticia, quien los impone o se aprovecha de ellos.

Sí, como regla general. El artículo 296 del Código Penal exige denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (o del Ministerio Fiscal si es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o desvalida). No hace falta cuando el delito afecta a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

No. La reforma del Código Penal de 2015 (LO 1/2015) derogó el artículo 295 y trasladó la administración desleal al artículo 252, como delito contra cualquier patrimonio ajeno administrado, no solo el societario. Se castiga con las penas de la estafa: prisión de seis meses a tres años; de uno a seis años y multa si el perjuicio supera los 50.000 euros, y de cuatro a ocho años y multa si supera los 250.000.

La impugnación de acuerdos sociales es una acción mercantil que busca anular un acuerdo contrario a la ley, a los estatutos o al interés social. La vía penal exige mucho más: en los acuerdos abusivos, que la mayoría actúe con ánimo de lucro, en perjuicio de los demás socios y sin beneficio para la sociedad. Si solo hay discrepancia sobre la gestión, el cauce adecuado es el mercantil.

Puede serlo. El artículo 293 castiga con multa de seis a doce meses a los administradores que, sin causa legal, niegan o impiden al socio ejercer sus derechos de información, participación o suscripción preferente. Pero la ley mercantil permite denegar la información en determinados supuestos, y no toda respuesta incompleta o tardía es delictiva: hay que analizar la petición, la respuesta y su justificación.

Solo por los delitos en que la ley lo prevé expresamente, como la estafa, las insolvencias punibles, el blanqueo de capitales o los delitos contra la Hacienda Pública (art. 31 bis CP). Los delitos societarios de los artículos 290 a 294 no figuran en ese catálogo, aunque los mismos hechos pueden investigarse también como otros delitos que sí lo están. Un programa de compliance eficaz puede eximir o atenuar esa responsabilidad.

La responsabilidad penal es personal: no basta con ocupar el cargo, y la falsedad en cuentas del artículo 290 solo se castiga si es dolosa, no por imprudencia. La acusación debe probar que el administrador conocía la falsedad o participó en ella. Aun así, firmar sin revisar puede valorarse junto a otros indicios, y prestar el nombre como administrador formal no exime automáticamente de responsabilidad.

Los delitos de los artículos 290 a 294 prescriben a los cinco años, porque su pena máxima no supera los cinco años de prisión. La administración desleal agravada (art. 250 CP), con pena de hasta seis u ocho años de prisión, prescribe a los diez. El plazo se interrumpe cuando el procedimiento se dirige contra el administrador o socio investigado, por lo que conviene revisarlo desde el primer momento.

Sobre todo, documentos: las actas de las juntas con el sentido de su voto, sus peticiones de información por escrito y las respuestas recibidas, y las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. Si la sociedad no tiene auditoría obligatoria, los socios con al menos el 5 % del capital pueden pedir al registrador, dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio, que nombre un auditor (art. 265.2 LSC). Con esa base presentamos la denuncia que exige el artículo 296 CP y le personamos como acusación particular.

Sí, son vías compatibles y conviene coordinarlas desde el principio. La impugnación busca anular el acuerdo y caduca, por regla general, al año de su adopción, salvo que sea contrario al orden público (art. 205 LSC); pueden ejercerla, entre otros, los socios que reúnan al menos el 1 % del capital (art. 206 LSC). La causa penal persigue la responsabilidad penal y la indemnización. Si la decisión penal puede ser decisiva, el tribunal civil puede suspender el pleito cuando solo quede dictar sentencia (art. 40 LEC).