Abogado de Delito Fiscal en Barcelona

Cuando la cuota defraudada a la Hacienda Pública supera 120.000 € por tributo y periodo impositivo. En los tributos con periodos de declaración inferiores a un año, como el IVA trimestral, se suma lo defraudado en el año natural. Si la defraudada es la Hacienda de la Unión Europea, basta con superar 100.000 € en un año natural, y por encima de 10.000 € ya hay una pena menor (art. 305.3). Por debajo de esas cifras, la defraudación se sanciona como infracción tributaria en vía administrativa.

El tipo básico del artículo 305 se castiga con prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuota defraudada, además de la pérdida del derecho a obtener subvenciones y beneficios fiscales durante tres a seis años. Si la cuota supera 600.000 €, se actúa en una organización o grupo criminal o se usan testaferros o paraísos fiscales para ocultar al responsable o la cuantía, la prisión es de dos a seis años (art. 305 bis).

Sí, si regulariza a tiempo. El reconocimiento y pago completo de la deuda excluye la responsabilidad penal si se produce antes de que Hacienda le notifique el inicio de una comprobación o investigación o, si no la hay, antes de que el fiscal, la Abogacía del Estado o la Administración afectada presenten denuncia o querella contra usted o de que tenga conocimiento formal de las diligencias penales (art. 305.4). Si el procedimiento ya ha empezado, pagar y reconocer los hechos en los dos meses siguientes a la citación como investigado permite al juez rebajar la pena en uno o dos grados (art. 305.6).

Hacienda se abstiene de seguir el procedimiento sancionador, porque los hechos pasan a juzgarse en la vía penal. Sin embargo, como regla general puede dictar una liquidación vinculada al delito y cobrar la deuda mientras dura el proceso, salvo que el juez suspenda el cobro, normalmente con garantía. Solo en algunos supuestos la Administración no liquida y remite directamente el expediente.

El delito fiscal básico prescribe a los cinco años y el agravado del artículo 305 bis, a los diez. Son plazos distintos del de cuatro años de la vía administrativa y, en general, se cuentan desde que termina el plazo voluntario para presentar la declaración del tributo. Conviene revisar cada ejercicio por separado.

Puede responder. Cuando el obligado tributario es una sociedad, la responsabilidad penal recae en quienes actuaron en su nombre y decidieron la defraudación, normalmente el administrador de hecho o de derecho (art. 31 CP). Además, la propia empresa puede ser condenada como persona jurídica (art. 310 bis CP) a multas y otras penas.

Puede serlo si participó conscientemente en la defraudación, por ejemplo diseñando la estructura o preparando documentos falsos, como cooperador o inductor. Un error profesional o una interpretación razonable de la norma tributaria no es delito, porque el delito fiscal exige dolo: no existe la modalidad imprudente.

Si la pena impuesta no supera los dos años y se trata de su primer delito, el juez puede suspender su ejecución. En los delitos contra la Hacienda Pública se exige además haber pagado la deuda tributaria o asumir el compromiso de pagarla según su capacidad económica, siempre que sea razonable esperar que se cumplirá, y la suspensión se deniega si ha dado información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio (arts. 80 y 308 bis CP). Por eso el pago pesa también en la ejecución de la sentencia.

La perjudicada es la Hacienda Pública. Si el tributo es estatal, acusa la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria; si es autonómico o local, los servicios jurídicos de esa Administración. Además, el Ministerio Fiscal ejerce la acción penal de oficio y, en los casos de especial trascendencia que aprecie el Fiscal General, puede intervenir la Fiscalía Anticorrupción (art. 19 EOMF). También cabe la acusación popular, con querella y fianza, aunque la jurisprudencia limita en algunos casos que lleve sola el asunto a juicio.

Cuando aprecia indicios de delito, Hacienda separa en liquidaciones distintas la parte vinculada al posible delito y la que no lo está (art. 250 LGT). Contra la vinculada no cabe recurso ni reclamación en vía administrativa: la cuota la fija el juez penal en la sentencia y la liquidación se ajusta después a ella (arts. 254 y 257 LGT). Mientras tanto, Hacienda puede cobrarla, salvo que el juez suspenda el cobro, normalmente con garantía (art. 305.5 CP).