Abogado de Ejecución Penal en Barcelona

No necesariamente. El juez puede suspender la ejecución de penas de prisión de hasta dos años si es la primera vez que delinque (sin contar antecedentes cancelables, imprudentes o por delitos leves, salvo los que integran un tipo agravado por multirreincidencia) y se satisface la responsabilidad civil o se asume un compromiso de pago (art. 80 CP). La decisión se toma en la sentencia o, si no es posible, una vez firme y oyendo a las partes.

Si es condenado por un delito cometido durante el plazo de suspensión y ello demuestra que ya no puede mantenerse la expectativa de que no volverá a delinquir, el juez revocará la suspensión y ordenará ejecutar la pena (art. 86 CP). También la revocará si incumple de forma grave o reiterada las reglas impuestas; si el incumplimiento no es grave ni reiterado, puede imponer nuevas condiciones o prorrogar el plazo. Si el plazo transcurre sin incidencias, se acuerda la remisión de la pena.

Desde la reforma de 2015 ya no existe la sustitución de la prisión por multa o por trabajos como figura autónoma (sí la sustitución por expulsión del art. 89), pero la suspensión puede condicionarse al pago de una multa o a trabajos en beneficio de la comunidad (art. 84 CP). En la suspensión excepcional del artículo 80.3, que puede concederse aunque no sea el primer delito si no se trata de un reo habitual, una de estas condiciones es obligatoria.

Las sentencias de la Sección de lo Penal se recurren en apelación en diez días, que son cinco en los juicios rápidos; la sentencia de un juicio por delito leve también se apela en cinco días. Las de la Audiencia Provincial dictadas en primera instancia se apelan ante el Tribunal Superior de Justicia, y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo se prepara en cinco días desde la última notificación.

Cuando, extinguida la pena, transcurre sin volver a delinquir un plazo que depende de su gravedad: seis meses para penas leves; dos años para penas de hasta doce meses y delitos imprudentes; tres años para el resto de penas menos graves inferiores a tres años; cinco años para las de tres años o más, y diez años para las penas graves (art. 136 CP).

No. La condena se inscribe en el Registro Central de Penados aunque la pena quede suspendida. Eso sí, cuando se acuerda la remisión, el plazo de cancelación se calcula como si la pena se hubiera empezado a cumplir al día siguiente de concederse la suspensión (art. 136.2 CP), lo que adelanta la cancelación.

La Administración penitenciaria, que en Cataluña depende de la Generalitat, clasifica a cada penado en primer, segundo o tercer grado; el tercero corresponde al régimen abierto. Con el tercer grado, buena conducta y tres cuartas partes de la condena cumplidas, el juez de vigilancia penitenciaria puede conceder la libertad condicional, que se adelanta a las dos terceras partes o a la mitad en los supuestos del artículo 90 CP.

Puede solicitarse al Ministerio de Justicia, una vez firme la condena, conforme a la Ley de 18 de junio de 1870 y con informe del tribunal sentenciador, pero la petición no suspende por sí sola la ejecución. El juez puede suspenderla mientras se resuelve si el cumplimiento haría ilusoria la finalidad del indulto, y debe hacerlo si aprecia que vulneraría el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 4.4 CP).

Sí, si se compromete a pagar según su capacidad económica y es razonable esperar que cumpla (art. 80.2 CP). Si después deja de pagar pudiendo hacerlo, el juez revocará la suspensión y ordenará que se ejecute la pena (art. 86.1.d CP). Y en los delitos que solo se persiguen por denuncia o querella de la persona ofendida, el juez debe oírle antes de conceder la suspensión (art. 80.6 CP).

En determinados delitos, sí. Si ha pedido que se le notifiquen estas resoluciones, el juez de vigilancia penitenciaria le dará traslado para alegar en cinco días, y podrá recurrir el tercer grado antes de cumplirse la mitad de la condena o la libertad condicional en penas de más de cinco años, en delitos como homicidio, lesiones, agresión sexual o robo violento (art. 13 Ley 4/2015). Además, el tercer grado exige haber satisfecho la responsabilidad civil, valorando la capacidad real de pago del penado (art. 72.5 LOGP).